La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2008 exigía la adaptación del ordenamiento jurídico español a su espíritu y dictados. España debía abolir el tradicional sistema de incapacitación y expulsar de su ordenamiento jurídico cualquier restricción de la capacidad de obrar, pues el nuevo paradigma reconoce la plena capacidad jurídica término en el que, pese a ciertas discrepancias doctrinales, ahora se incluye la capacidad de obrar.

El ordenamiento jurídico español mantiene aún el sistema a abolir, pero se han dado pasos importantes hacia la plena igualdad de las personas con discapacidad.

La obra analiza los avances seguidos en tal dirección; así como las contradicciones existentes respecto al modelo de asistencia a implementar y las fricciones entre nuestro ordenamiento jurídico y los diversos tratados internacionales vigentes ratificados por España.

Se incluye en este estudio un análisis del Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, actualmente en trámite, que abordaría por primera vez y de forma decidida la necesaria reforma para su adaptación a la citada Convención, finalizando con un apartado de conclusiones en el que se resume el criterio de la autora acerca de la consecución de dicho fin por parte del legislador.