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La dictadura de Primo de Rivera en Almería (1923-1930). Nuevas leyes para un nuevo régimen
註釋En septiembre de 1923 el general Primo de Rivera encabeza un golpe militar que da paso a una Dictadura que se prolonga hasta enero de 1930. Si la sociedad española en su conjunto aprobó la solución militar ante el descrédito de la política, la sociedad almeriense vio como en los primeros meses, el Directorio daba respuesta a las demandas económicas con la creación de la Cámara Oficial Uvera y la instalación de la Reserva Estratégica para el Ejército de África. Con la suspensión de las Cortes, el régimen inicia una fase destructiva de la “vieja política” con el intento de desmantelar el caciquismo rural al que considera el “mal de España”. Con la aprobación del R.D. de 30 de septiembre de 1923 la Junta de vocales asociados sustituye a los concejales electos. De inmediato, los gobernadores civiles-militares inician la depuración de alcaldes, concejales y secretarios municipales. En el caso de Almería, las depuraciones son más estrictas de lo apuntado hasta el momento; si bien, siguen un modelo perfectamente definido por el que se aleja del poder municipal a quienes habían sustentado a los políticos cuneros, favoreciendo de este modo, a quienes durante años habían quedado marginados de la política provincial. Desde los primeros meses de 1924, el régimen entra en una fase constructiva encaminada a modernizar y mejorar el país, a la vez que dotarlo de unos elementos ideológicos propios. Con la aprobación del Estatuto municipal en 1924 y el Estatuto provincial en 1925, se ponen las bases de una modernización de la administración local y provincial. Partiendo de un nuevo concepto más amplio de municipio y definiendo un modelo territorial propio en el que se rechaza la vía regionalista, los estatutos plantean una mayor autonomía política, administrativa y económica respecto a la legislación municipal y provincial vigente hasta ese momento. Suspendida la novedosa e innovadora reforma electoral, las designaciones de concejales y diputados queda en manos de los todopoderosos Gobiernos civiles que como en el caso de Almería, en su mayoría están ocupados por militares y funcionarios. A diferencia de otras provincias, en Almería los sectores católicos no acaparan el poder provincial hasta mediados de 1926 que quedan marginados inicialmente ante el prestigio económico y social del importante propietario, banquero y comerciante Antonio González Egea. A la vez que las reformas de la hacienda municipal previstas en el Estatuto municipal permiten un aumento presupuestario en los presupuestos municipales, el incremento en los impuestos que recae sobre los ciudadanos provoca un malestar continuo que condiciona toda una inestabilidad política con la sucesión de tres alcaldes en la capital en apenas seis años. En la Diputación, mientras el régimen se vanagloriaba de favorecer un aumento en los ingresos y una reducción en las aportaciones municipales, lo cierto es que las cantidades ingresadas por los ayuntamientos a la Diputación no descienden por la obligación de tener que hacer frente a las deudas pendientes entre 1917 y 1924. El aumento presupuestario posibilitado a través de presupuestos extraordinarios, permite un aumento en la inversión provincial que se centra en la conservación y construcción de caminos vecinales. Con la Dictadura surge una nueva forma de caciquismo vinculada a un clientelismo de Estado y de partido único que prosigue durante el franquismo. Desde el Gobierno Civil se favorece a determinadas redes clientelares, que a pesar del nuevo Reglamento de Secretarios municipales y las reformas en la justicia municipal, siguen contando con estos importantes elementos de la estructura de poder local, gracias a la irregularidades favorecidas desde el Gobierno Civil. A cambio, estos poderes locales consiguen niveles elevados de afiliación a Unión Patriótica y el Somatén. La única obligación a la que tienen que hacer frente es la de mantener una desahogada situación presupuestaria en sus respectivos municipios, ya que de los contrario caen en Régimen de Tutela Económica. Con la Organización Corporativa Nacional puesta en marcha en 1926, el régimen da una respuesta propia a la lucha de clases. Se trata de un modelo corporativo propio resultado del tradicionalismo español, el catolicismo social y el krausismo en un contexto de Estado autoritario. El número de Comités paritarios constituidos en Almería y la labor desarrollada es similar a la de provincias como Guipúzcoa o Vizcaya, donde las distintas fuentes señalan que mejor debió funcionar la Organización Corporativa. El dominio de la UGT en los Comités permite a la organización socialista una implantación tanto en la capital como en el valle del Andarax, zona próxima a Garrucha y la cuenca minera de Serón. Para conseguir un apoyo popular la Dictadura organizó el partido gubernamental Unión Patriótica y extendió el Somatén al conjunto del país. Organizaciones que alcanzan en Almería datos de afiliación superiores respecto al resto del país gracias a la labor de los caciques locales. El control sobre la opinión pública se hace a través de la censura de prensa, las “noticias de recomendable inserción” en la prensa local y la puesta en marcha de una prensa propia tanto a nivel nacional como provincial. El sustento que los sectores católicos aportan a la Dictadura permite la adopción del nacional-catolicismo como ideología del régimen. La asignatura de Religión en el sistema educativo, la Consagración de la Ciudad de Almería al Sagrado Corazón de Jesús o la declaración del Día de la Reconquista como festividad local, evidencian la extensión de la nueva ideología en la provincia. A medida que el régimen se extendía más allá de la letra a noventa días surge una oposición. Con la creación de la Alianza Republicana, tanto masones como republicanos almerienses salen de su hibernación, uniendo sus fuerzas para mantener vivo el ideal republicano y crear una opinión pública favorable a su ideología.