En el sistema premial español –e hispanoamericano–, ocupa un lugar de preferencia la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, establecida el 24 de marzo de 1815, en plena crisis de la independencia de los territorios americanos, y cuyo bicentenario estamos conmemorando en este mismo año 2015. Creada para favorecer la unión de ambos mundos bajo la Corona española –lo que no pudo lograrse–, sus cruces vinieron a distinguir a los patriotas que se distinguieron en esa frustrada acción unificadora. Por ello, esta fue propiamente la primera condecoración de casi todos aquellos países pronto independientes. Entonces se otorgó con justicia y con parsimonia, y muy pronto mereció el aprecio de la sociedad. Aún más: la Orden Americana nació con una clara vocación de modernidad, que se evidencia en la posibilidad –hasta entonces inconcebible– de su concesión a personas que no fuesen de orígenes europeos, y además a cualquier persona que lo mereciese, sin atender a su posición social, fortuna, empleo, rango administrativo o graduación militar.

Desunidos de España al poco de su fundación los territorios americanos, muy luego la Orden Americana pasó a ser, en la década de 1830 a 1840, la condecoración civil por excelencia de la Monarquía española. Las concesiones aumentaron prodigiosamente, y se dirigieron a todos los estamentos de la sociedad, tanto peninsulares como ultramarinos. También acogió desde entonces la Orden a un crecido número de extranjeros, sobre todo políticos y diplomáticos. La revolución de 1868 y el sexenio revolucionario que siguió, confirmaron el carácter estatal de la distinción, el carácter de primera condecoración civil española, mantenido por todos los regímenes políticos que se han sucedido en España –incluso por la segunda república–, y el carácter de condecoración diplomática por excelencia –este último declarado explícita y legalmente en 1900, 1927, 1931, 1938 y 1998–.

Hoy en día, la Real Orden de Isabel la Católica es de facto la primera en la jerarquía de las Órdenes civiles españolas –apenas se conceden collares del Toisón de Oro ni cruces de la Orden de Carlos III–, porque está muy difundida en España y en el resto del mundo, y porque por su carácter de instrumento de las relaciones internacionales goza de un gran prestigio internacional. Un prestigio que es mucho mayor en el ámbito en el que nació en 1815, es decir en los países iberoamericanos y demás del mundo hispánico, en los que apenas ha habido en la última centuria un solo presidente ni un solo mandatario que no haya recibido sus insignias. Se trata, pues, de un premio estatal de gran raigambre histórica, y el de mayor difusión y prestigio internacional.