Identificar y sancionar hechos de corrupción en México ha ameritado un proceso difuso, plagado de controversias, intereses políticos y, sin duda, forzado desde la sociedad civil. No puede dudarse, entonces, que las medidas tomadas por el Estado mexicano, tendentes a prevenir y combatir la corrupción, empezando por los cambios habidos en la propia Constitución Federal y la promulgación de normas en la materia, son fruto de las demandas de los ciudadanos.