La formación del mundo rural colombiano ha contado con un conjunto de agriculturas campesinas, productoras en particular de alimentos, así como con un empresariado generador de bienes agrícolas exportables y materias primas para las agroindustrias. En este proceso han incidido políticas estatales para el acceso a las tierras, fundamentalmente favorables a la gran propiedad, así como medidas que propiciaron transferencias tecnológicas a los diferentes sectores vinculados con la producción de los exportables y materias primas, y en menor medida, a los productores de alimentos. 

El entrecruzamiento de los enfrentamientos en torno a la apropiación de las tierras con las confrontaciones partidistas condujo a uno de los conflictos sociales armados más prolongados de la historia de América Latina, el cual ha tenido alcances internacionales al hacer convergencia con la Guerra Fría. En este contexto surgió la propuesta de una reforma agraria corno salida a los problemas políticos y económicos derivados de la concentración de la propiedad. Los sectores dirigentes han ejercido una rotunda oposición a la redistribución de la tierra, optando por las colonizaciones de los bordes de la frontera agraria. Las colonizaciones, sin apoyo efectivo del Estado, facilitaron la Vinculación del país a la economía internacional del narcotráfico en auge, gracias a las políticas dirigidas hacia el control de los movimientos sociales antibelicistas. 

La ampliación de la producción y comercialización de psicotrópicos animó los conflictos ya existentes en el campo y condujo a una guerra que habría de traducirse en el afianzamiento de la concentración de la propiedad agraria a costa del éxodo de más de siete millones de campesinos. Su expulsión, además de afectar la producción de alimentos, ha contribuido a la informalización y precarización del empleo. Estos sectores sociales, a pesar de las restricciones que los afectaron, habían alcanzado elevados niveles de participación en la satisfacción alimentaria del país, pero estos logros resultaron vulnerados por la implantación de las políticas de liberalización comercial, las cuales tendrían su más completa expresión en los tratados de libre comercio, en pleno desarrollo al iniciarse la década de 2010, marcando un profundo deterioro en la producción alimentaria del país.