El asesinato del concejal, por el Municipio Libertador, Fernando Albán, ocurrido el 8 de octubre de 2018, fue la segunda víctima de una trilogía de crímenes de lesa humanidad cometidos por la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tuvieron relevancia nacional e internacional, la cual comenzó el 15 de enero de 2018 con el asesinato del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, durante la siniestra Masacre de El Junquito, que ya estudié y publiqué y, finalmente, el crimen del capitán de navío Rafael Acosta Arévalo.

Los dos últimos asesinatos tienen en común que sus muertes fueron productos de salvajes torturas nunca conocidas en Venezuela y a los autores materiales se les aplicó, al juzgarlos, el Código Penal y no La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes surgida del seno de la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello el 4 de julio de 2013, con vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de fecha 22 del mismo mes y año.

Por fortuna esos delitos no prescriben y llegará el momento de la aplicación justa de la ley, aunque la ineficiente Corte Penal Internacional no ha atendido las múltiples que contra la narcodictadura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad han formulado ante ese tribunal instituciones nacionales y multilaterales. Tampoco la instancia pertinente de la Organización de Naciones Unidas, a cuyos representantes en el país se les ha acusado de incumplir sus funciones y de habituales visitas al palacio de Miraflores.

Para el fiscal general de la narcodictadura, Tarek William Saab, la muerte del concejal Fernando Albán tuvo como causal el suicidio, tesis que esgrimió sin haberse realizado una investigación independiente, pero para familiares, copartidarios, especialistas y el ex director del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, se trató de un asesinato, al ser arrojado su cuerpo al vacío desde uno de los pisos de la sede de ese cuerpo represivo en la plaza Venezuela, de Caracas.

La ausencia del mal llamado defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, como en todos los casos de violación de derechos humanos de los prisioneros políticos de la narcodictadura ventilados públicamente, fue notoria, lo cual no es de extrañar, porque esa ha sido la conducta adoptada por sus antecesores en el cargo, otro apéndice más del régimen.

Luego de su detención, el 5 de octubre de 2018, apenas vivió tres días. Muerte rápida.

Es el propósito de esta monografía visibilizar para la lectoría la mayor parte de los datos que sobre ese caso yacen almacenados en diferentes espacios virtuales de la Web.