La visión estratégica del general Alberto Ruiz Novoa propendía por la pacificación del país por medio del Plan Lazo, refrendado con la baja en combate de legendarios bandoleros, que, financiados e instigados por los dirigentes nacionales y locales de los partidos Liberal, Conservador y Comunista, asolaban a Colombia, escudados en la clandestinidad y pintorescos remoquetes, tales como Chispas, Desquite, Sangrenegra, Tarzán, Veneno, Resplandor, Alma negra, Mariachi, Tirofijo, Puente Roto, Zarpazo, el Zarco, etc.

 Lo atrayente para todos los sectores generadores de opinión en el país acerca del Plan Lazo, fue la combinación de acciones de inteligencia militar de combate con operaciones de comandos especializados por medio de grupos de localización de bandoleros, simultáneas con ingentes dosis de acción cívico-militar y operaciones sicológicas, para consolidar las áreas afectadas por la “segunda violencia” (1958-1964). Al mismo tiempo, que se invitaba a los campesinos a no apoyar a los delincuentes, y se conminaba a los bandoleros a desmovilizarse. 

En una serie de convincentes presentaciones ante el Congreso de la República, el general Alberto Ruiz Novoa, defendió el Plan ''Lazo'', como un amplio esquema cívico-militar, diseñado para involucrar a cada una de las Fuerzas Armadas en proyectos específicos, bajo el auspicio económico del Plan de Asistencia Militar, con apoyo de los créditos provenientes de asistencia para el desarrollo de los Estado Unidos. 

Esta fue una coyuntura crítica, mal conducida por el poder civil, en la que se echó la suerte y se perdió la oportunidad para combinar las nuevas medidas progresistas de las Fuerzas Militares y de Policía, las cuales incluían asistencia socioeconómica, con intensos programas puramente civiles, que hubiesen traído como resultado, no tan sólo la reducción de la delincuencia, sino soluciones felices de largo alcance, tanto para el soldado como para el campesino. 

El Plan Lazo era complejo, pero abarcaba tres líneas principales de acometida. Una operación especial de antiviolencia tendría lugar en la zona limítrofe de los departamentos del Valle y Caldas.

Cada una de las fuerzas participantes en ambos departamentos, cumpliría un plan de acción cívica para suministrar servicios sociales permanentes o semipermanentes y se realizarían esfuerzos para coordinar el plan con el Consejo de Acción Cívica, cuando las circunstancias lo requirieran, con el fin de determinar los proyectos, que las agencias civiles del Estado o la empresa privada no pudieran o quisieran acometer. 

En tales casos, los proyectos se asignarían a las Fuerzas Armadas, las cuales desempeñarían su ejecución y administración como cualquier contratista del gobierno.