En un país donde la corrupción constituye el primer problema para los ciudadanos, resulta urgente la adopción de medidas de prevención eficaces en el seno de las administraciones públicas y los partidos políticos. Esta publicación contribuye a este debate aportando una estrategia original consistente en que cada ente público o partido político implante un programa de cumplimiento, inspirado en los sistemas de compliance que la mayoría de las empresas están adoptando en nuestro país tras la introducción en el año 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata de establecer controles, que cada administración debe diseñar e implantar tras analizar cuáles son sus riesgos específicos. Las medidas que hasta ahora propone el legislador en su “programa de regeneración democrática” olvidan este enfoque en el que insiste por ejemplo la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y que se ha adop-tado en países como Italia tras la Legge anticorruzione nº 190/2012.