La criminalización de la sexualidad y la reproducción supone un gran obstáculo para la realización de los derechos humanos y niega la dignidad humana a millones de personas. En todo el mundo, los gobiernos utilizan la legislación penal y otras leyes y políticas punitivas para limitar o controlar con quién y por qué decidimos mantener relaciones sexuales, cómo accedemos a información y servicios de salud sexual y reproductiva y qué decisiones tomamos respecto al embarazo y sobre si tenemos hijos y cuándo.