La constitucionalización del derecho, que con diferencias contextuales se ha desarrollado en la región, constituye una de las particularidades más representativas del neoconstitucionalismo latinoamericano. Su implementación gradual se debe al activismo judicial progresista, que ha traído consigo fenómenos como la judicialización de la política y el desarrollo de la normativa material de la Constitución.

Una de sus consecuencias denunciadas es la sobreconstitucionalización del derecho, que debe evitarse tanto como su infraconstitucionalización. Para evitarlo hay que construir una dogmática de los márgenes de acción a partir de la discrecionalidad judicial establecida por lo constitucionalmente imposible y lo constitucionalmente necesario.

Una adecuada comprensión de la justicia constitucional alivia la tensión entre Constitución y democracia, y erradica la crítica a las decisiones de los tribunales constitucionales como “antidemocráticas”, porque contrarían actos del legislativo. Los límites y vínculos a los que están sometidos los poderes también son democráticos porque son los derechos fundamentales de todos y, por tanto, hacen referencia al pueblo. No hay un conflicto de legitimidad porque los derechos operan como una y la misma fuente de legitimidad para la Constitución y la democracia.

Este trabajo analiza la jurisprudencia constitucional colombiana que es con seguridad relevante respecto al difícil contexto, donde ha surgido un activismo correlativo con la creación de márgenes de acción. El análisis está en capacidad de rendir efectos hacia otros contextos donde la constitucionalización del derecho evidencia tensiones entre los tribunales constitucionales y el legislativo.