La profunda crisis de 2008 cambió por completo la relación entre sectores poblacionales y empresariales, compañías nacionales y extranjeras –grandes y pequeñas–, y entre empresarialidad y trabajo asalariado. Con la homologación del IVA y del salario, Baja California dejó de ser tratada diferente –a pesar de su vecindad fronteriza con California–, lo que trajo como consecuencia una falta de crecimiento en la entidad, desmotivó la llegada de inversiones externas y provocó que el estado cayera al lugar 25 en competitividad a nivel nacional.

El crecimiento del comercio informal ha dado lugar a un panorama de desigualdad, con un ingreso per cápita 10% inferior al presentado en 2008. De esta forma, para el año 2016 se tiene que 30% de los bajacalifornianos con mayores ingresos concentró tan sólo 10%. Más aún, el 10% más rico y el 10% más pobre concentran, respectivamente, 32% y 2.2% de la riqueza. Aunado a ello, la economía informal ya concentra a alrededor de 40% de la población ocupada, debido a que el privilegiado sector moderno de exportación ha dejado de generar empleos decentes.

En este sentido, la reciente política pública ha asumido la responsabilidad de crear un nuevo escenario para recuperar la economía de bienestar en Baja California, donde el derecho del trabajo decente para proveerse de bienestar a través de sus remuneraciones sea tan apreciado como el del capital para obtener ganancias razonables que premien su inversión, y el de los emprendedores de cualquier nivel económico y social para allegarse por sí mismos de ingresos. Un aumento salarial, la disminución del IVA e ISR, y la homologación de precios de energéticos apuntan en esa dirección.